El «vacío legal» en la vivienda protegida de San Juan de Alicante reabre el debate sobre la ejemplaridad pública

Sep 30, 2026 by admin

La adjudicación de viviendas mediante cooperativas privadas permite el acceso de cargos públicos y técnicos al no regirse por baremos oficial es, un modelo que el centro político tacha de «zona gris» institucional

Alicante, 02 de febrero de 2026. La vivienda protegida, concebida como el pilar fundamental para garantizar la igualdad de oportunidades, se encuentra hoy en el centro de una controversia que transciende lo administrativo en la localidad de San Juan (Alicante). La reciente adjudicación de una promoción de viviendas protegidas ha hecho saltar las alarmas, no por su ilegalidad, sino por la falta de transparencia en un sistema que permite el acceso a este inmuebles mediante «puertas laterales»

Un sistema sin sorteo ni baremos

A diferencia del modelo estándar aplicado en la Comunidad Valenciana, Madrid o Euskadi (donde la adjudicación depende de registros públicos de demandantes y sorteo ante notario), la promoción de San Juan se ha gestionado a través de una cooperativa privada. Este modelo, aunque legal, genera un vació procedimental: al no existir un control administrativo riguroso sobre el orden de entradas, el acceso se rige por la necesidad social o la antigüedad, sino por mecanismo opacos. El resultado ha sido la aparición de cargos públicos, personal técnico y familiares directos entre los adjudicatarios, una situación que, según expertos en políticas de centro, erosiona gravemente la confianza ciudadana.

Ética frente a legalidad

«La política no puede conformarse con ser legal: debe ser ejemplar«, sostienen voces moderadas que analizan el caso. El debate actual no se centra en señalar nombres propios, sino en cuestionar un sistema que permite que quienes poseen más información o contratos se anticipan a las familias con mayor necesidad. La crítica es clara: cuando un proceso de adjudicación no puede explicarse con sencillez sin genera dudas de imparcialidad, el diseño del sistema ha fallado. La vivienda protegida es un derecho, no un privilegio, y su gestión debe blindarse contra cualquier sombre de favoritismo.

Hacia una reforma del modelo

Para evitar que este caso se convierta en una herramienta de confrontación estéril, se propone una solución basada en el sentido común y el consenso:

«si la vivienda está calificada como protegida, su acceso debe ser obligatoriamente público y transparente»

La propuesta busca cerrar las actuales «zonas grises» mediante dos principios básicos:

Vinculación total: Toda vivienda con protección pública debe adjudicarse mediante criterios y baremos oficiales, sin importar si la gestión es cooperativa o privada.
Transparencia radical: Eliminar los trabajos que permiten a perfiles con capacidad de influencia acceder a bienes antes que el ciudadano de a pie.

En un momento en el que la desafección política crece, la gestión de San Juan se presenta como una oportunidad para demostrar si las instituciones están dispuestas a actuar con rigor. La confianza pública, un bien cada vez más escaso, depende ahora de que se pase de las palabras a los hechos para garantizar que la vivienda protegida vuelva a ser, sin matices, una herramienta de justicia social.